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BOLIVIA: UNA CONFUSA Y MALINTENCIONADA REGLAMENTACION EDUCATIVA

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Por: Lic. Raúl Alberto Quispe Catacora.

Desde la suspensión de las actividades educativas en mes de marzo, por motivos estrictamente de prevención sanitaria de los estudiantes del covid-19; una de las normas más esperadas hasta la desesperación colectiva, fue la reglamentación de la educación virtual.

Con mucha carga emotiva de descalificación y crítica política a la gestión del anterior gobierno; venían y corrían declaraciones figurativas y demagógicas en los medios de comunicación del actual Ministro de Educación, creando muchas expectativas para salir de la pandemia y concluir esta gestión escolar con clases semipresenciales, a distancia o virtuales fundamentalmente.

Dando crédito y manteniendo fé en las declaraciones de la primera autoridad educativa del país; estudiantes y profesores esperaron durante casi tres meses un Plan de Contingencia Educativa, implementación de la educación virtual que no llegó hasta el momento. Sólo fueron buenas intenciones y verbalismos que quedaron en el tintero archivístico ofimático de la televisión y radio.

Ahogándose en la marea turbia de sus propias declaraciones, para salvarse de la mediocridad y desconocimiento de la realidad educativa en la que se estaba debatiendo él señor Ministro; mediante Decreto Supremo 4260, en "Día del Maestro Boliviano", como regalo a los educadores, impone un reglamento confuso, difuso y malintencionado, que no tuvo procesos de consenso y diálogo con los actores de la educación.

En ese contexto, el gobierno lanzó un Decreto Supremo 4260, totalmente confuso, porque no reúne la especificidad concreta de reglas, acciones, tareas y menú de contenidos para cada subsistema de educación: Regular (inicial, primaria y secundaria), Alternativa-Especial y Superior Universitario. Al margen de las definiciones conceptuales, confunde las modalidades de enseñanza y procesos de aprendizaje. Es decir, no existe claridad para la combinación de las modalidades de enseñanza y procedimientos metodológicos de consecución de objetivos precisos.

No orienta a las comunidades educativas, los mecanismos de implementación de una educación virtual en aula. Tampoco, establece un calendario de inicio y finalización de clases virtuales. Omite absolutamente los mecanismos de valoración o "exámenes" de las actividades educativas virtuales. Por ello, ha sido estigmatizado por las organizaciones sociales de padres de familia, como un "diccionario mal elaborado" y difuso en su esencia.

Asimismo, el reglamento cuestionado, implica multifuncionalidad, porque soslaya lo que establece la Constitución Política del Estado en el artículo 77: "La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla"; cargando premeditadamente toda la responsabilidad financiera a los estudiantes, padres de familia y profesores, la implementación y desarrollo de las clases virtuales.

El gobierno central, al liberar al Estado de los gastos financieros de la educación, que se realiza a través del Tesoro General de la Nación (TGN), demuestra mala intención de desligarse de sus responsabilidades macros. Induciendo al pueblo al razonamiento de que la educación está en riesgo de privatización y mercantilización neoliberal del servicio. Beneficiando económicamente a las empresas transnacionales: Tigo, Cisco, Google, Microsoft, firmando convenio para la venta de megas a los estudiantes y capacitación a los docentes en el manejo de las plataformas virtuales.

Ahora, ante esta realidad, más que pensar la educación como gasto, mediante el Órgano Legislativo Plurinacional, se deben establecer políticas de inversión educativa para dotar gratuitamente a los estudiantes y profesores de computadoras, celulares de alta gama "inteligentes" y gestar la instalación de wi-fi en cada núcleo familiar del campo-ciudad. Sólo así se puede hablar y avanzar en la implementación de una educación virtual en igualdad de condiciones sin discriminación.

Visiones contrarias a la igualdad de condiciones entre todos los bolivianos e imponer coercitivamente una reglamentación confusa, difusa y malintencionada en el ámbito de las educación, generará siempre reacciones de rechazo, destinándolo al fracaso absoluto a toda norma o reglamento mal elaborado en desmedro de los usuarios de la educación. Claro ejemplo de ello, son las reacciones del magisterio que recientemente instalaron piquetes de "huelga de hambre", emitiendo anuncios de movilizaciones y bloqueos de caminos radicales como las que se dió en la guerra del agua y gas en las gestiones reivindicatorias del pueblo (2000-2003).

LPZ.24.06.2020.

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